Comenzamos 2014 con buenas noticias, al ver reducidas, de nuevo, las cifras de víctimas en las carreteras españolas. En el plano particular, sin embargo, 2013 ha resultado un año difícil para aquellas asociaciones que, como Aesleme, no tenemos una empresa detrás que nos financie, ya que las ayudas, públicas y privadas, han disminuido y la situación económica de España convierte otras necesidades en prioritarias (trabajo, comida, enfermedades), de forma que la prevención de lesiones o fallecidos por accidente no parezca una causa tan importante. Pero no me quejaré, este año no hemos terminado en números rojos y hemos logrado hacer llegar nuestras campañas educativas a un total de 223.566 personas.

Sin embargo, son muchos los temas que me preocupan en cuanto a los últimos posibles cambios legislativos, que se están tramitando, aunque me centraré en la reforma de la Ley de Seguridad Vial, que se votará esta semana en el Senado y que volverá al Congreso para su aprobación, para poder posteriormente ejecutarse los consiguientes cambios en el Reglamento de Circulación.

A lo largo de 2013, ya entramos en el debate sobre aumentar la velocidad a 130km/h en determinados tramos y quedó claro nuestro punto de vista, que incluye el desacuerdo sobre que se haya endurecido la norma contra el uso del alcohol al volante, pero no contra la velocidad: la multa por ir a 150 km/h seguirá suponiendo 50 euros (pronto pago) y no conllevará la retirada de puntos. Y sobre el uso obligatorio del casco para los ciclistas en ciudad, que parece que se va a fijar en 16 años, yo me pregunto ¿qué diferencia hay, en cuanto a lesiones me refiero, entre una caída de la bici de un joven de 16 y otro de 17 años con o sin casco? Y ¿es un buen modelo que el padre salga a montar en bici con su hijo de 14, uno sin casco y otro con él?

Pero además, veo con preocupación las enmiendas que se han introducido en el Senado, referentes a los cursos de recuperación del carné por puntos, que prevén abrir la impartición de dichos cursos a otros colectivos, pasando de la concesión a la autorización. Eso sí, para que esto no suponga una merma en la calidad de los cursos que se imparten actualmente, las personas que realicen un curso de recuperación parcial de puntos, tendrán que realizar una prueba en la Jefatura de Tráfico, como ha reconocido la directora de tráfico: "puesto que habrá más centros y sería imposible el poder garantizar cómo lo hace cada centro, habrá que realizar un pequeño test específico sobre las materias que la persona ha infringido". Y yo me pregunto: ¿previo pago de tasas?

Durante los 8 años que lleva en marcha el sistema actual, se ha podido comprobar que resulta uno de los más eficaces y reconocidos del mundo y en Aesleme nos preocupan estos posibles cambios, que consideramos pueden conducir a una peor calidad de los cursos. Dos estudios de universidades españolas (Valencia y Politécnica de Madrid) realizados con dos años de diferencia, llegaron a los mismos resultados: los conductores sancionados daban una valoración a los cursos actuales de 8,64 de media sobre 10, (y casi el 50% de los encuestados lo han valorado con la puntuación máxima).

Y ante estos excelentes resultados, nos preguntamos si mantendrán los requisitos actuales para las nuevas autorizaciones: por ejemplo, ¿los formadores viales del centro, tendrán que acreditar su experiencia y realizar un curso de formación específico de al menos 80 horas? o ¿los centros cumplirán la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, haciendo accesible la entrada, aulas y cuarto de baño? (como hasta ahora); ¿seguirán participando psicólogos, formados al respecto, y lesionados o familiares de víctimas con formación y experiencia (que son clave en el cambio de actitudes)? ¿La DGT tiene técnicos suficientes para comprobar que los centros cumplen todos los requisitos requeridos, antes de darles la licencia que les acredite como centro de recuperación de puntos? Quedan muchas cuestiones preocupantes en el aire.
 
Suponemos que la incorporación de un nuevo examen tras el curso de recuperación parcial de puntos, responde a que la DGT no tendrá capacidad de inspeccionar los 1.000-5.000 centros que podrían querer optar a la licencia (actualmente son 300, pasan por numerosas auditorías externas y realizan los cursos normalmente los viernes y fines de semana). ¿Puede sustituir un test a las inspecciones del buen funcionamiento del sistema? ¿Asegura esto que no habrá fraude y todos los conductores realizarán el curso y no, simplemente, el examen?

El control de tantos centros será complicado; que funcione la herramienta informática, también, y si ahora, después de 8 años, empezaba a resultar rentable solo para muy pocas autoescuelas que imparten los cursos, teniendo en cuenta que hay entre 72.000-74.000 conductores que los realizan anualmente, ¿en qué poblaciones serán rentables? ¿Cuánto tiempo tardarán en amortizar las obras de accesibilidad, la formación de los profesores y psicólogos, etc?  ¿Seguirá asegurándose un centro con cursos de reeducación a 30 km de casa como máximo?... 

Hay que intentar arreglar lo que no funciona, no lo que funciona.