Así, se ha redactado, de forma conjunta, una serie de propuestas, bajo el lema “Por un pacto social y político”, que hemos hecho llegar a todos los candidatos y miembros de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, recordándoles que en la última década se ha conseguido un descenso notable en el número de siniestros, heridos y muertos en Europa, y España ha sido uno de los países con mejores resultados, gracias, precisamente, a una política de seguridad vial basada en el consenso y en la responsabilidad compartida entre las administraciones públicas y la sociedad civil (asociaciones, fundaciones, clubs de automovilistas, universidades, medios de comunicación, empresas…). Ahora hay que consolidar lo conseguido y no bajar la guardia, porque si no, los accidentes volverán a subir, como ha ocurrido en otros países (Francia, por ejemplo).
Para nosotros, casi 3.000 muertos y miles de heridos graves, aún son muchos, sobre todo, si tenemos en cuenta que los siniestros de tráfico son evitables. Por tanto, nuestro objetivo es: CERO VÍCTIMAS.
Entre las propuestas que hemos trasladado a los partidos políticos, con la esperanza de que las incluyan en sus respectivos programas electorales, de cara a las elecciones generales, que se celebrarán el 20 de noviembre de 2011, y constituyan un compromiso para la próxima legislatura, destacan la necesidad de crear un Órgano de Gobierno (Secretaría de Estado, Agencia ..) adscrita a la presidencia o vicepresidencia del gobierno, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, con capacidad para coordinar los diferentes ministerios y los diversos niveles de administración y con financiación suficiente. También consideramos necesario potenciar la Comisión Parlamentaria de Seguridad Vial, confiriéndole el carácter de permanente.
En el ámbito de la Justicia, se pide, entre otras cosas, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que sea obligatoria la prueba de alcohol, tras el ingreso hospitalario de los conductores de los vehículos implicados en un accidente, así como la modificación del Código Penal, en lo relativo a los artículos de los delitos de tráfico, ampliando las penas a cumplir cuando ocurra un fallecimiento y/o herido grave, y que la pena impuesta se cumpla en su integridad, sin posibilidad de reducción de la misma. También destaca la petición de modificación de la Ley del Menor, en lo relativo a los delitos de tráfico cometidos por menores y en los que el hecho ha causado un fallecimiento y/o un herido grave, en el sentido de que la medida a imponer, sea la inclusión en un Centro de Menores y la retirada del carné de conducir, o la imposibilidad de obtenerlo por un tiempo no menor a 4 años. Pedimos también la intervención del ministerio Fiscal en todos los juicios penales por siniestros con alguna persona fallecida o con heridas graves y agilizar los procedimientos judiciales.
No cesamos tampoco en el objetivo de lograr, por fin, la reforma del actual Baremo de indemnizaciones a las víctimas y creemos necesario la creación de una Oficina de Atención a las Víctimas de siniestros de tráfico (o ampliar las funciones de las oficinas existentes, dedicadas a “violencia de género o violaciones” donde ya existe la “orientación legal” y la “atención psicológica”).
En lo referente a Sanidad, creemos necesario establecer, por fin, un tiempo máximo de respuesta de los sistemas de urgencia y emergencia en los accidentes, así como incorporar psicólogos especializados en las Urgencias de los hospitales. Es básico también ampliar el número de “Unidades de Daño Cerebral” a aquellas Comunidades Autónomas donde no existan y mejorar y ampliar la “Rehabilitación Integral” de los lesionados medulares y cerebrales. Además, pretendemos lograr que los médicos de Atención Primaría, así como los Especialistas que conocen las enfermedades y medicamentos que toman sus pacientes, y que son incompatibles temporal o definitivamente con la conducción, puedan trasladar a la Administración dicha información, sin incumplir la ley de protección de datos. También consideramos fundamental establecer un examen ocular obligatorio para conductores con los permisos A y B cada 10 años y cada 5, para los mayores de 65 años.
En los apartados de Educación y formación, destacan las propuestas de ampliar el contenido de educación vial en la asignatura de “educación para la ciudadanía” o implantar una asignatura obligatoria y de revisar el sistema de obtención del permiso de conducir -ampliar el número de preguntas para que el examen sea más riguroso-, así como mejorar la formación de los nuevos conductores, incluyendo un mínimo de 10 horas de clases teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial. No entendemos tampoco que aún no se haya modificado el sistema de convalidación de permisos obtenidos en el extranjero, pues consideramos necesario requerir un número obligatorio de formación teórico-práctica previa.
En cuanto al punto de las Infraestructuras, se solicita, como novedad, la creación del marco normativo adecuado para que los proyectos de corrección de tramos peligrosos o de concentración de accidentes se contraten por procedimientos de urgencia, como si se tratase de obras en tramos afectados por desastres o catástrofes naturales. Otro punto importante es la Inclusión, de manera, de las auditorías de Seguridad Vial en todos los proyectos de nueva construcción y en aquellos de conservación o modificación, con determinado índice de accidentalidad o intensidad diaria de tráfico.
No olvidamos propuestas relacionadas con el vehículo, como promover la instalación del “alcolock” en vehículos de conductores profesionales, conductores de menos de 2 años de carné, conductores reincidentes con problemas de adicción al alcohol y vehículos titularidad de las administraciones, así como incorporar de serie, en todos los vehículos, los avances tecnológicos de seguridad pasiva y activa, entre otras propuestas.
Por último, nos parece importante, para pacificar el tráfico y reducir el riesgo de accidentes, especialmente atropellos, establecer, como velocidad máxima, los 30km/h en todas las calles de un único carril de circulación, en zona urbana.
Y por supuesto, nuestra primera intención es, que el próximo Gobierno, continúe considerando la Seguridad Vial una Prioridad Política y promueva un Pacto social por la Seguridad Vial.
