Nota de Prensa de Unijepol:

En relación a la polémica suscitada por la previsible implantación del uso obligatorio del casco de protección para los conductores de bicicletas en las ciudades, Unijepol (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local) ha considerado la necesidad de hacer pública su postura, al entender que esta cuestión tiene gran relevancia para la seguridad vial, una de las principales competencias asignadas por la Ley a las Policías Locales:

1º)       Defendemos la utilización masiva de la bicicleta como medio de transporte, como un elemento esencial para construir ciudades más humanas, menos contaminadas y una movilidad más segura y sostenible. En consecuencia, apoyamos el desarrollo de todo tipo de medidas e infraestructuras que potencien el uso de este vehículo. Sin embargo, también consideramos que esta posición nunca debe ser contradictoria con la seguridad vial.

 
2º)       Creemos que la utilización del casco por los ciclistas, en cualquier recorrido de ámbito urbano e interurbano, supone un plus para su seguridad y, por tanto, para la protección de su vida y su integridad física. La puesta en marcha de esta medida va en la misma dirección que las adoptadas en los últimos años sobre la utilización del cinturón de seguridad en los vehículos o los sistemas de retención infantil, que tantas vidas han salvado.

 
3º)       Entendemos que la seguridad vial (la protección de la vida y la integridad física de las personas en el ámbito del tráfico), deben prevalecer sobre cualquier otra consideración de menor entidad, como son las de mayor comodidad o las de carácter económico. De hecho consideramos que buena parte de los argumentos que están siendo empleados por los detractores de la medida propuesta por la Dirección General de Tráfico son muy parecidos a los que ya fueron utilizados a los que se opusieron a medidas como la utilización obligatoria del cinturón de seguridad en la ciudad, al incremento del número de radares, etc.


4º)       También entendemos que, al principio, podría producirse un efecto desincentivador en el uso de la bicicleta, pero la experiencia ha demostrado que, con el paso del tiempo, todos nos acostumbramos a estas pequeñas molestias y la normalidad se va imponiendo paulatinamente.

 
En conclusión Unijepol apoya sin dudas la medida propuesta por la Dirección General de Tráfico y pide a todas las instituciones y a las fuerzas políticas un ejercicio de responsabilidad en esta cuestión, sin plegarse a los intereses particulares de determinados colectivos.

"Observo con cierto estupor la polémica suscitada por la propuesta de la DGT de obligar a llevar casco a los ciclistas en las ciudades, igual que ya lo hacen en carretera. El único argumento en contra que me ha parecido convincente es el oído en algunas tertulias de que cada cual es muy libre de matarse como quiera. A partir de ahí, la obligatoriedad del casco en carretera y no en ciudad supondría asumir que el asfalto ciudadano o los bordillos de las aceras son blandos como la esponja, o si los motoristas lo llevan y los ciclistas no, habría que pensar que estos tienen el cráneo más duro. Ambas hipótesis son posibles, pero hay que demostrarlas. La coherencia de la tesis del no casco es muy pareja a la de que todo el mundo lleve el cinturón de seguridad y nadie discuta su utilidad para reducir los riesgos en los accidentes, menos los taxistas en ciudad, que por lo visto son inmunes a los mismos cuando son los que más horas están al volante".

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La fiscal jefe de Sevilla, María Jose Segarra, tras consultar con el fiscal de sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha decidido recurrir, porque creen que había pruebas suficientes de la conducción bajo la influencia del alcohol, aspecto que no fue tenido en cuenta en la sentencia al indicar el juez que se rompió la cadena de custodia de las muestras en el hospital. No obstante, la Fiscalía está satisfecha con la resolución divulgada por el juzgado penal 6, que Segarra considera "relevante" porque incluso aceptando el delito de conducción bajo los efectos del alcohol, podría haberse situado en los mismos dos años y medio de cárcel impuestos.

Ortega Cano fue condenado a dos años, seis meses y un día de cárcel por delitos de homicidio por imprudencia grave y conducción temeraria, por el accidente que provocó el 28 de mayo de 2011 cuando circulaba a 125 kilómetros por hora en una carretera limitada a 90 y en el que murió Carlos Parra. La Fiscalía intentará que la Audiencia incluya un tercer delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que permitió situar su petición inicial de condena en cuatro años.

La prueba de alcoholemia practicada a Ortega Cano en el hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde quedó ingresado en estado grave, arrojó 126 gramos de alcohol por litro de sangre, el triple de lo autorizado, pero la juez rechazó esa prueba porque las muestras se tomaron para fines terapéuticos y se rompió su cadena de custodia.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, ha dicho que la sentencia definitiva sobre este accidente podría conocerse, en circunstancias normales, antes de que concluya este año.