Observar las cifras de siniestralidad vial, desde la óptica de una asociación como Aesleme, cuya principal labor es prevenirla, resulta doble o triplemente duro, en primer lugar, por la frustración de no haber podido evitar el daño físico, moral, psicológico... a las recientes víctimas -y cabe recordar que, también, lo son sus seres queridos-; en segundo lugar, por no entender que, a estas alturas, no se haya interiorizado que la movilidad no tiene que causar fallecimientos ni heridos y no se llegue a erradicar ciertas conductas de riesgo, que aburren ya por repetidas, pero son ignoradas. Y, por último, por la impunidad con la que actuan algunos, poniendo a todos en peligro y sin que, en muchas ocasiones, la Justicia actúe con el peso que la violencia vial merece.

Si comenzamos echando un vistazo a la movilidad urbana y analizamos la situación actual en las ciudades; algo que, se supone, debería haberse transformado en una movilidad sostenible ha devenido, sin embargo, en un caos, en el que no es necesario conocer las normas de tráfico para circular ni respetarlas. ¿Es esto sostenible? Si no es segura, la movilidad no es sostenible y el caos, en seguridad vial, es sinónimo de víctimas.

Vemos necesiario y apremiamos, a nuestros responsbles públicos, a la aprobación del Reglamento General de Circulación (RGC) -que parece haber quedado en stand-by-, para que se incluya, por fin, la obligatoriedad del casco para los usuarios de patinetes eléctricos. Y, en la misma línea y dado el aumento de siniestralidad y lesiones con los nuevos modelos de movilidad urbana, esperamos una decisión valiente para incluir, en esta obligatoriedad del uso del casco, a los ciclistas urbanos, sin importar su edad,como no afecta en la lesión, ante un golpe grave en la cabeza.

Además, consideramos fundamental exigir un seguro obligatorio para estos usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) y que en caso de atropello y de declararse insolventes, la víctima no quede desamparada. Vemos igual de importante proteger a estos usuarios. ampliando los kilómetros de carriles segregados -y bien pensados/diseñados/situados en la vía- y una mayor supervisión y control del cumplimiento de las normas, porque los peatones nos estamos quedando sin espacio ni derechos y ya hay estudios que reflejan el miedo de, principalmente, los mayores, a ser atropellados en la acera. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de las personas con movilidad reducida, pues la accesibilidad es un derecho universal: VMP bien aparcados, en sus espacios propios, y menos obstáculos en las zonas peatonales.

Con respecto a siniestralidad en carreteras, detectamos un incumplimiento generalizado de las normas, algo que se da también en zonas urbanas. No se respeta el nuevo límite de 90 km/h en las carreteras convencionales, donde se producen el 73% de las víctimas mortales, como tampoco se respeta, en ciudad, el límite 30km/h, en esas zonas en las que esta velocidad puede salvar vidas de usuarios vulnerables. El uso del móvil o de otro tipo de aparatos tecnológicos que causan distracciones, mientras se conduce, no cesa y sus consecuencias, reflejadas en víctimas, tampoco. Si es necesario invertir en campañas de concienciación y de educación vial, que exploren nuevas vías de hacer llegar el mensaje correcto, debe hacerse. Por supuesto, es fundamental, también, el incremento de las dotaciones presupestarias para el mantenimiento de la red viaria, así como extender los kilómetros de carreteras 2+1 en las convencionales, para que adelantar no suponga jugarse la vida, mas en las condiciones actuales, en las que no se pueden sobrepasar los 90km/h. 

Conductas de riesgo que no cesan

La educación vial continuada, a largo de toda la vida -colegio, instituto, universidad, empresa, autoescuela, centro de mayores, etc- es fundamental. Y, según se aprobó en la Ley de Seguridad vial, también, hay que incluir en el nuevo RGC, los Cursos de concienciación y sensibilización presenciales y obligatorios en los centros de formación vial acreditados, para poder obtener el permiso de conducir (se deberá incluir el número de horas, los profesionales que los impartan -profesores autoescuelas, psicólogos y víctimas- y deberían centrarse en mejorar la percepción del riesgo y las consecuencias de actitudes peligrosas, incorporando valores como el respeto, la empatía y el porqué del cumplimiento de la norma).

Otro gran problema son los reincidentes. Desde las asociaciones de víctimas y prevención de siniestros viales hemos pedido a Fiscalía que, en aquellos casos en los que el consumo de alcohol y drogas supone un problema de adicción para el conductor, se le retire el carnet de conducir, hasta que no acredite que ha superado su adicción. Y, a ese 1 ó 2 por ciento que juegan con la vida de los demás con su conducción temeraria habitual, hay que retirarlos de la circulación. Los delitos de tráfico no deben de tratarse como “de segunda categoría”. Un vehículo puede matar y esto no puede ser menos reprochable o sancionable que otro tipo de homicidio. Cuando las consecuencias se traducen en un verdadero reproche social y judicial, esto se refleja, también, en un cambio de conciencia hacia lo que es inadmisible y, por tanto, termina siendo una medida preventiva, como sucede en los países anglosajones, con el alcohol al volante, por ejemplo.

Se ha detectado, también, un problema añadido en estos últimos años: el deterioro de la salud mental, a raíz de la pandemia, e incluso de la guerra en Europa y sus consecuencias. Las desgracias vividas, las pérdidas, el sentimiento de que la vida ha perdido valor… Todo esto ha repercutido en la salud mental de gran parte de la sociedad, que se traduce en un aumento del número de personas medicadas y afectadas por la situación, algo que se refleja en la conducción.

Llevamos tiempo, a su vez, pidiendo la creación de una Agencia Estatal de Seguridad Vial, con amplias facultades ejecutivas de coordinación interministerial: Sanidad, Interior, Educación, Transportes y Movilidad… Para que las políticas de movilidad puedan estudiarse y tomarse de manera transversal y conjunta, también con las CC.AA, las diputaciones y los ayuntamientos.

Por último, nos preocupa la antigüedad del parque móvil, que ha aumentado a 13,5 años, uno de los mas elevados de la UE. Esto se traduce en vehículos mas inseguros y se acentúa en las ciudades, con las furgonetas de reparto y el boom del e-commerce. Vemos necesarios nuevos incentivos fiscales para renovar el parque móvil, así como ayudas para instalar sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) en postventa, para que todos estos profesionales del reparto de mercancías, que conviven con usuarios muy vulnerables en las ciudades, lleven esta nueva tecnología que evita atropellos, siniestros y conductas de riesgo.

2023 es año de elecciones y desde Aesleme esperamos que, en el programa electoral de cada partido, se recoja un apartado dedicado a la seguridad vial y a movilidad, con las acciones necesarias para hacer frente a los siniestros de tráfico y sus consecuencias. La movilidad, aunque se intensifique, no tiene que causar víctimas, porque nada vale más que una vida y nuestro objetivo, como sociedad avanzada, debe pasar por entender, que nadie debe perder la vida o la integridad física, en nuestras calles y carreteras: Objetivo cero Víctimas.