Más de 80 medidas para mejorar las carreteras, la seguridad de los vehículos, la atención a las víctimas y la educación vial
Reducir a cero el número de víctimas en accidentes de tráfico y unir fuerzas para cambiar la tendencia al alza de la siniestralidad vial que se viene produciendo desde 2014. Es el objetivo de un ambicioso plan, compuesto por más de 80 medidas, que han dado a conocer hoy Fundación MAPFRE, la Asociación por la Prevención de Accidentes de Tráfico (AESLEME) y la Asociación Española de la Carretera (AEC).
Dichas entidades instan a todos los partidos políticos a que asuman la firma de un Pacto de Estado por la Seguridad Vial que ponga el foco en el Objetivo Cero víctimas. También les piden que introduzcan la seguridad vial en el debate político y que incluyan acciones concretas, en sus programas electorales, con el fin de frenar los siniestros viales, que en España acabaron con la vida de 1.830 personas en 2017, cerca de 5 víctimas al día, y causaron más de 9.000 heridos graves.
CARRETERAS QUE PERDONAN
Incrementar en 300 millones de euros los Presupuestos Generales del Estado con el fin de mejorar las carreteras e invertir en barreras de seguridad, vías 2+1, señalización e iluminación, especialmente en las vías convencionales, por las que circula aproximadamente el 40% de los conductores y donde se producen cada año el 75% de los accidentes mortales. Es una de las medidas dirigidas a mejorar las infraestructuras, ámbito en el que, además el informe plantea crear el marco normativo necesario para corregir, con carácter urgente, los tramos peligrosos, aquellos donde se concentran más accidentes, así como poner en marcha un programa de “carreteras que perdonan”, que contribuya a reducir la siniestralidad por salida de vía, por la fallecen 4 de cada 10 conductores.
VEHÍCULOS, PLAN PIVE Y ALCOLOCKS
Promover la seguridad de los vehículos es otro de los objetivos que persigue el plan, que pone de manifiesto la necesidad de que los fabricantes de automóviles acorten los plazos para incorporar los últimos avances tecnológicos como elementos de serie y desde las versiones más económicas. También sugiere al Gobierno que trabaje en un nuevo Plan PIVE para facilitar la renovación de un parque de vehículos más seguros y ecológicos, y que promueva la instalación de limitadores inteligentes de velocidad, así como otros sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), también en postventa en la flota general de vehículos; y alcolocks, este último, tanto en los vehículos de conductores profesionales como en aquellos que utilicen las personas con problemas de adicción al alcohol.
CIUDADES SOSTENIBLES Y CICLISTAS
El documento también pone el foco en reforzar la seguridad de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2018 y se registraron 4.780 heridos hospitalizados. En este sentido, propone medidas para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), con carácter urgente, a través de la creación de más vías específicas para ciclistas, promoción del uso del casco en ciudades, refuerzo de la señalización, discriminación positiva para que los vehículos más seguros (como es el caso de los menos contaminantes) puedan circular en determinadas zonas -donde los vulnerables se multiplican-; más restricciones de tráfico motorizado, en determinados itinerarios y un programa específico para usuarios de patinetes y otros sistemas de movilidad personal urbana, que restrinja su uso exclusivamente en las calles calmadas, aquellas donde el límite máximo de velocidad es de 30 km/h, y garantice su salida de las aceras.
También pone de manifiesto la necesidad de que se incrementen las zonas 30 km/h, que, según dichas entidades, ayudan a calmar el tráfico y proteger a niños, personas mayores y ciclistas, entre otros, así como promover campañas de concienciación para reducir el número de peatones que fallecen tras haber consumido drogas o alcohol.
LESIONADOS MEDULARES y CONDUCTORES MAYORES
Disminuir el tiempo de respuesta, los llamados “minutos de oro”, en caso de accidente grave y crear un protocolo que permita trasladar al herido lo antes posible al centro hospitalario más adecuado a su lesión, es un elemento clave para intentar salvar vidas. Así lo recoge una de las medidas del informe, que defiende la idea de incorporar a los servicios de Urgencias de los hospitales a psicólogos especializados en atender adecuadamente, desde su llegada al hospital, a las víctimas de accidentes viales, entre otras víctimas, así como ampliar el número de unidades sanitarias públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares) para que puedan ser tratadas precozmente y cuenten con una asistencia especializada multidisciplinar.
También propone que se reconsideren los protocolos de exámenes psicotécnicos para conductores a partir de los 70 años o más, así como un estudio más exhaustivo de las limitaciones de la persona (vista, oído, medicación, somnolencia y problemas psiquiátricos, entre otros) con el fin de establecer, con mayor precisión, las posibles restricciones asociadas al permiso de conducción de estos conductores.
JUSTICIA
Inmediatez de la justicia, fomento de los juicios rápidos y aplicación estricta de la ley, para evitar sentencias contradictorias. Es otro de los puntos que recoge el documento, que plantea la necesidad de que se agilicen los procedimientos judiciales, que se mejore la atención a las víctimas en los Tribunales de Justicia y que intervenga el Ministerio Fiscal, en todos los procesos penales, por siniestros con fallecidos o heridos graves. En este sentido, defiende, además, la importancia de que se incremente la formación de fiscales y magistrados sobre el baremo de indemnización a víctimas (en vigor desde el pasado 1 de enero de 2016), que se elaboren los atestados con información más detallada sobre la situación de las víctimas, como por ejemplo, si el desplazamiento se realizaba por motivos laborales, y que se tipifique en el Código Penal el uso del móvil en el transporte escolar y de viajeros como conducción temeraria.
MÁS FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Son las mejores herramientas para prevenir y reducir la siniestralidad vial, según Fundación MAPFRE, AESLEME y AEC, quienes defienden medidas como incluir un mínimo anual de 10 horas de clases teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial para mejorar la formación de los nuevos conductores; promover el uso de los simuladores de conducción como complemento a la formación actual teórica y práctica para la obtención del permiso de conducir; y fomentar los cursos de conducción segura para las personas con poca experiencia o con más de 20 años de carné.
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http://www.aesleme.es/index.php/actualidad/2019